“Cuanto más cerca está el poder del objeto de decisión, más corruptelas”, decía hace unos días Antonio Orejudo a cuenta de los chanchullos medioambientales de la Junta de Andalucía en el Cabo de Gata. No creo ni mucho menos que la norma sea aplicable en todos los casos, pero sin duda en algunos la regla Orejudo funciona. Han tenido que ser los políticos más lejanos, los del Parlamento Europeo, los que denuncien por tercera vez los horrores del urbanismo salvaje en España.
El contundente informe aprobado ayer por la Eurocámara describe un escenario de corrupción generalizada y señala a “todas las administraciones, central, autonómicas y locales” como “responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible” de gravísimas consecuencias. Incluso duda de la capacidad de los tribunales españoles para poner freno a una situación que sólo se ha frenado con la crisis, pero cuyas consecuencias, como cicatrices de ladrillo sobre nuestra costa, siguen ahí.
El Parlamento Europeo arrancó este informe como consecuencia de las denuncias de decenas de ciudadanos europeos afectados por los efectos indeseables del ladrillazo. Entre ellos, muchos británicos y alemanes que compraron una spanish villa para después descubrir que estaba levantada en un terreno rústico. También cuestiona la legalidad de la perversa figura del “agente urbanizador“, ese invento valenciano que permite urbanizar a empresas privadas con contactos políticos incluso si los propietarios del terreno no lo desean.
En los años dorados del ladrillo, los agentes urbanizadores se convirtieron en la quintaesencia del pelotazo, pues ya ni siquiera era necesario tener suelo para especular con las urbanizaciones: bastaba con dinero, buenos abogados y contactos políticos para presentar un plan urbanístico sobre una zona y a continuación expropiar a los dueños del terreno, obligados por ley a vender por cuatro duros. Entre los textos más esclarecedores sobre cómo funciona este mecanismo en Valencia, os recomiendo especialmente la lectura de esta denuncia que presentó hace años en Europa el abogado José Crespo, una de las víctimas de estos abusos.
El informe aprobado por la Eurocámara “insta al Gobierno español a realizar un debate público (…) que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible” e incluso pide a la Comisión que retire los fondos de ayuda europeos a España hasta que no tome medidas al respecto. No se hagan ilusiones, nada va a cambiar tampoco esta vez. La respuesta de los eurodiputados del PSOE y PP ha sido mirar hacia otro lado. Unos han votado que no, otros se han abstenido. Todos seguirán como si tal cosa.
Publicat a Escolar.net
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Ciudadanos contra la corrupción
Los recientes escándalos urbanísticos están generando un movimiento ciudadano contra la corrupción. Amenaza con comprometer la representación de los partidos mayoritarios en las próximas elecciones municipales y autonómicas, sobre todo en los municipios pequeños. Desencantados con los grandes partidos, estos grupos han optado por jugar sus cartas políticas y presentrse como alternativa. Para ello, cuentan además con un arma: la Red.
Asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, foros ciudadanos e incluso partidos políticos locales surgen como champiñones por todo el territorio patrio clamando contra un modelo de corrupción al que achacan unos precios de viviendas inaccesibles, el sobreendeudamiento de las familias, un blanqueo de dinero generalizado, el desarrollo de un urbanismoo insostenible y una transformación dramática de sus pueblos a golpe de ladrillo.
Abogados, arquitectos, ingenieros, ecologistas, jóvenes... integran estas redes vecinales. Distintas todas, tienen puntos en común, como su carácter local, la denuncia de todo tipo de corrupción, una defensa férrea de los recursos naturales, la activa participación de mujeres, una importante vertebración a través de Internet y la desvinculación total de los partidos políticos mayoritarios.
Marbella (Málaga)
Ha sido el detonante. Marbella se ha convertido en el símbolo de la corrupción urbanística con un balance, entre otros, de 30.000 viviendas irregulares. La localidad malagueña se encuentra hoy en manos de una gestora tras ver pasar por la cárcel a su equipo de gobierno. Y los vecinos han tenido un protagonismo indiscutible en la denuncia de las irregularidades del consistorio marbellí.
Mercedes Vázquez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, cuenta cómo, en julio de 2005, se produjo en el seno de la Federación una moción de censura en la que cambió toda la junta directiva, hasta entonces progilista.
La Federación está volcada en estos momentos en conseguir que “todo el patrimonio incautado revierta a un Ayuntamiento que está en quiebra para compensar la situación económica tan penosa en que lo han dejado y que se invierta en infraestructuras, tan necesitadas en estos momentos”. Con algunos de sus miembros “de distintos colores políticos” en la gestora marbellí, la Federación reivindica también una mayor participación ciudadana.
Personalmente, le molesta oír hablar de “marbellización” en términos despectivos, “porque nadie ve a la otra Marbella. La de los ciudadanos de a pie que hemos sufrido y denunciado tantos desmanes”, se duele. La Federación que representa esperaba más de la gestora, aunque reconoce que “sufre muchas presiones políticas”. Para ellos, Internet es importante para poner en contacto a los vecinos y para darse visibilidad a través de su web www.vecinosdemarbella.com.
Estepona y Espartinas
Sin salir de la provincia de Málaga, -no en vano el litoral mediterráneo, especialmente la Costa del Sol, es una de las zonas más castigadas por la corrupción-, los casos se suceden. En la vecina Estepona, ha surgido un grupo, fruto de una escisión de Izquierda Unida, llamado Convocatoria. Gerardo Galán, uno de sus miembros, explica que la escisión se hizo efectiva cuando la formación de izquierdas formó parte de un tripartito en 2003 con PSOE y el gilista Partido de Estepona (PES).
Los integrantes de Convocatoria se definen como “ecosocialistas” y se plantean presentarse a las próximas elecciones. Entre otras cosas, denuncian el “urbanismo desordenado” que supone el plan de incrementar esta población en 80.000 viviendas en diez años. Todavía hoy, Estepona cuenta con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables, donde esta nueva fuerza es la única parte personada.
Galán confiesa que sus integrantes hacen reuniones virtuales gracias al chat, manteniéndose en contacto con otras redes cívicas a través de Internet. Su página web está en construcción, pero en este blog en ella ya aparecen recogidas algunas de sus actuaciones.
Los tentáculos de la corrupción marbellí han llegado también hasta la localidad sevillana de Espartinas, donde se pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.
El colectivo Ciudadan@s de Espartinas lleva tiempo denunciándolo en su activa página. Uno de sus promotores, el arquitecto Ramón Gil Manrique, confirma la no adscripción política de sus integrantes. “No creemos en los partidos mayoritarios. Están todos implicados en la corrupción urbanística. Yo creo que en las próximas elecciones votaré en blanco”, sentencia.
A Estrada (Pontevedra)
Y de Andalucía, a Galicia. El tablero de la corrupción salpica a toda la geografía. Aedru.org surgió en junio de 2005 en contra de un plan diseñado para 150.000 habitantes en el pueblo pontevedrés de A Estrada, de 23.000 almas.
Los vecinos, que de nuevo no se definen políticamente, contrataron a un técnico urbanista y descubrieron la apertura de calles de forma irregular, suelos clasificados también irregularmente y muchas otras actuaciones discrecionales. Asimismo en el estudio económico-financiero del Plan terrenos que éste valoraba a 9 euros el metro cuadrado, en la realidad el precio llegaba a los 600 euros. Finalmente, el PGOU no fue aprobado por la Xunta teniéndose que volver a hacer de nuevo, atendiendo en parte a las peticiones de modificación presentadas por Aedru junto con mas de 3000 firmas a la Xunta de Galicia.
Los miembros de Aedru son de todas las tendencias políticas y sus propuestas intentan ajustarse a la realidad, tratando siempre que sean económicamente viables. Para ellos, Internet es muy importante, porque "es un lugar donde hay confluencia de ideas y -en su opinión- es el único sitio donde se dice la verdad".
Moralzarzal (Madrid)
La Comunidad de Madrid tampoco se ha librado de recientes escándalos. Esta semana, tuvo que dimitir el director general de Urbanismo de la CAM, Enrique Porto Rey, cuya antigua empresa, Plarquin, elaboró unos planes para Moralzarzal que preveían la construcción de viviendas en un terreno no urbanizable de especial protección medioambiental, a cinco kilómetros del núcleo urbano.
La Plataforma Democrática de Moralzarzal, convertida ya en tercera fuerza política, con una concejala en el Ayuntamiento, se ha opuesto reiteradamente a estos planes. Su declaración de intetnciones es la siguiente: “Queremos un Pueblo para los Ciudadanos. Queremos una política que genere empleo, que atienda servicios y necesidades de sus habitantes”. Esta concejal se llama Mª Ángeles González Santero, es licenciada en derecho y hace gala de ofrecer un programa muy sensato y volcado en la política local. Prevé mucha abstención en las próximas elecciones municipales y autonómicas porque, según cree, “la corrupción ha ido in crescendo y últimamente se muestra sin pudor”.
Esto es sólo una pequeña muestra tanto de los escándalos existentes como de los movimientos que los denuncian. Pero hay muchos más. El próximo día 21 de octubre, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, se reúne en Marbella y hace un llamamiento a todos aquellos “preocupados por la corrupción en el territorio español”. Como reza el antiguo axioma, la unión hace la fuerza.
http://www.aedru.org/index-a.htm
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