Campos magnéticos

Los padres de un niño muerto de cáncer en Gandía culpan a un transformador y denuncian un "crimen de Estado"

Los padres de un niño fallecido por un tumor cerebral provocado supuestamente por los campos magnéticos de un transformador de luz ubicado bajo su vivienda, exigen "responsabilidad patrimonial" al Gobierno como responsable de "un crimen de Estado".

EFE

Ricardo Montilla y Nicereta Herrero son los nombres de los padres del pequeño Jairo, de cinco años, cuya enfermedad se manifestó ocho meses después de que se instalase un transformador debajo de su casa, situada en el Paseo de Germanias de Gandía, en Alicante.

El matrimonio, que ha planteado su demanda a los Ministerios de Sanidad, Industria y Justicia, asegura que "desconfía" de la Administración española y llevará su caso ante el Tribunal de Estrasburgo, asistido por el abogado José Luis Mazón, quien ganó la primera sentencia de condena por campos electromagnéticos.

El letrado aduce en la exposición de motivos, enviada a los tres departamentos y a la que ha tenido acceso Efe, que Jairo "ha servido de cobaya humano y víctima de la desidia institucional en relación a los peligros de los campos electromagnéticos", y califica el fallecimiento de "un crimen de Estado por omisión del deber de socorro".

La reclamación por "mal funcionamiento" del servicio público se dirigirá en la fase judicial también contra Tiendas de Conveniencia S.A, propietaria del transformador, y filial del Corte Inglés.

El abogado formula una reclamación mixta de responsabilidad patrimonial, que imputa conjuntamente a Sanidad, Industria y Justicia, por no cumplir sus obligaciones al no informar a la población de los riesgos que generan estas instalaciones.

Entiende que el Ejecutivo ha desatendido "el principio de precaución" legislativa, al no elaborar normas protectoras porque "es más importante llevarse bien con el 'lobby' de las eléctricas".

Argumenta que el Gobierno ha incumplido su deber de "promover la investigación" de los efectos de los campos electromagnéticos y alega, junto con la "desprotección omisiva de la vida", la "ruina económica" del valor en venta de la vivienda de los reclamantes.

Mazón se acoge al artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque el Estado no defendió a la familia de la violación de su derecho a la vida, la integridad física, la privacidad del domicilio y la protección de sus bienes.

Bajo el lema "Campos magnéticos sin ley=cáncer", el abogado muestra tres fotografías en las que se aprecia notablemente la transformación sufrida por Jairo durante la enfermedad.

En la primera aparece en estado aparentemente normal cuando empezó el tratamiento, el 18 de octubre de 2005, mientras que en la siguiente, realizada el Día del Padre -19 de marzo- de 2006, el niño tiene la cara deformada, ha perdido el pelo y está hinchado.

El documento recoge la última instantánea del pequeño, el 10 de octubre de 2006, con el pie de foto: "Día de mi entierro". Las tres imágenes de Jairo, sacadas de una octavilla distribuida por su madre, reflejan, según el abogado, "la desidia del Estado en la protección de la salud pública".

Mazón manifiesta que el Estado se ha convertido "en nido de aves rapaces", porque sus dirigentes son "frecuentemente ególatras autistas de sus propios intereses", que "miran para otro lado" cuando "poderosos intereses económicos", como los de las industrias eléctricas, cometen este tipo de siniestros.

Concluye que los peligros de los campos magnéticos no son un "nuevo descubrimiento", ya que existen abundantes "investigaciones científicas" que los asocian con los daños a la salud de las personas, sobre todo, cuando sufren una exposición continua.