diumenge, 8 de març del 2009

Macroquerella de la fiscalia per 'mobbing' a Ciutat Vella

El fiscal Fernando Rodríguez Rey va presentar al febrer una querella criminal contra set persones implicades en una trama d'assetjament immobiliari que afecta 10 finques de Ciutat Vella --amb 166 pisos, la majoria amb llogaters de renda antiga-- i que estén els seus tentacles a societats radicades als EUA i Samoa. Un jutge de Barcelona va admetre la querella a l'estimar que hi ha indicis de delicte i el 3 de març es va registrar un despatx d'advocats de la capital catalana per a la incautació de documentació. Fonts jurídiques van assegurar ahir que és la primera vegada que es pren una mesura tan contundent per mobbing immobiliari.
Florentina i María viuen en una finca del carrer de Vistalegre. La història que han viscut és molt similar. Primer van patir els continuats i contradictoris canvis de titularitat del bloc i en la forma i domiciliació de pagaments. No sabien a qui havien d'entregar el lloguer i van arribar a acudir a una consignació judicial. Però no només això, sinó que Florentina va haver de fer front a un procés de desnonament que al final no va prosperar.
A més a més, els propietaris van facilitar la sobreocupació dels restants pisos que no eren de renda antiga, així com l'exercici de la prostitució. Aquest ambient, segons Rodríguez Rey, fiscal especial contra el mobbing a Barcelona, va crear "en el seu conjunt un entorn hostil i poc habitable". El bloc, a més, pateix una important falta de manteniment i conservació. Als patis interiors, per exemple, s'hi acumulen les escombraries, la il.luminació de la finca és molt insuficient i fins i tot s'ha suprimit l'antena de televisió col.lectiva de la finca.

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Las víctimas del 'mobbing' en Ciutat Vella no viven tranquilas

J. G. ALBALAT el Periódico
BARCELONA

Tengo miedo. Soy una persona mayor y, si me echan, ¿adónde voy a ir? ¿A una residencia? Yo no quiero ir a una residencia". La mujer quiere mantenerse en el anonimato. La entrada donde se para unos segundos para hablar con EL PERIÓDICO está destartalada. Los buzones están rotos y el cable del timbre del interfono cuelga y está desconectado. Las paredes desconchadas y la luz insuficiente dan un toque lúgubre a la escalera. Esta es una de las fincas de Ciutat Vella que aparecen en la querella presentada por el fiscal Fernando Rodríguez Rey por presunto acoso inmobiliario. En la trama están implicadas siete personas, entre ellas los propietarios de los inmuebles, y los tentáculos se extienden a Estados Unidos y Samoa.
El conflicto entre los inquilinos de renta antigua, la mayoría personas de avanzada edad, y los aparentes dueños de los 10 inmuebles que están bajo sospecha, los hermanos Miguel y Salvador Boluda, no son recientes. María del Carmen Barba, de 76 años, vive en un piso interior del bloque número 41 de la calle de Ferlandina. Hace 37 años que se instaló en esa vivienda, a la que se accede a través de una puerta metalizada. El alquiler que abona es de 137 euros.
Un patio interior hace de distribuidor de dos casas. En una de ellas, María del Carmen recuerda que ha sufrido un continuo traslado de domiciliación de los recibos y enseña una carta recibida hace pocos días de un administrador de fincas en la que le advierte que el único propietario es la empresa Sofic Investment --figura en la querella-- y que se debe personar en las oficinas. "Si en el plazo indicado no hemos recibido noticia alguna por su parte, se emprenderán las acciones legales", finaliza la misiva.
"Una vez nos dijeron si queríamos comprar el piso, pero nosotros no quisimos", relata la mujer. "La entrada de la finca está mal --agrega-- porque los dueños no la quieren pintar, ni arreglar. Los buzones están abiertos. La instalación eléctrica la renovaron, pero está tan mal hecha que se funden las bombillas. Yo tuve que poner la puerta metálica para que la gente no entraran al patio para drogarse u otras cosas. Sé que en el bloque se vende droga, lo he visto, y hay prostitutas. Además, nos han quitado el terrado para instalar un piso. Nos hemos quejado al ayuntamiento, pero nada".

AMENAZAS
En la calle de Cardona hay otra finca bajo sospecha. El fiscal relata que uno de los dueños visitó a los inquilinos para que cambiaran los contratos de alquiler por otros nuevos o compraran los pisos, utilizando "actitudes y expresiones verbales claramente amenazantes". Una vecina lo corrobora: "Me apretaron para que comprara, pero yo les dije: '¿si queréis echarme, echadme?' Me presionaron. Además, me enviaban cartas y dejaron de cobrar el alquiler. Me hacen las mil y una".
Francisco vive en el mismo bloque. Estaba de alquiler y ahora es propietario. Se enfrentó en alguna ocasión a los dueños: "Intentaron que mi señora firmara otro contrato de alquiler, pero no lo hizo y les dije cuatro cosas". Prosigue: "Además, hay un escape en el desagüe y huele muy mal. Y las cubiertas del ático aún están para arreglar", relata antes de entrar en su casa. Un juez ha abierto una investigación a raíz de la querella de la fiscalía. La máquina judicial ya está en marcha.