El posible ERE en el Puerto de Barcelona es fruto de la Ley de Puertos firmada en 2003 por Coordinadora y ANESCO con el gobierno del PP

UGT, CGT y CC.OO. se negaron a firmar la privatización de las tareas de estiba.

La Ley de Puertos aprobada en el 2003, con la firma de la patronal ANESCO, el sindicato Coordinadora y el Ministerio de Fomento del entonces gobierno del Partido Popular, ha dividido a los portuarios en dos: los que están protegidos de un posible Expediente de Regulación de Empleo y los que no. Y los estibadores del Puerto de Barcelona se encuentran entre los segundos. Esa situación es consecuencia de la reforma aprobada hace ahora seis años y que convertía las entonces denominadas «Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba» en «Agrupaciones Portuarias de Interés Económico» (APIE), cuya legalidad está siendo actualmente cuestionada por la Comisión de Competencia de la Unión Europea.

Las APIE han comenzado a funcionar hace un año y en la práctica significan la entrega por parte del estado de la contratación y la gestión del trabajo portuario a una entidad compuesta enteramente por las empresas privadas que operan en el puerto. Esta privatización fue la que motivó la negativa de todos los sindicatos menos Coordinadora —central mayoritaria en 11 de los 36 puertos del estado español― a firmar la ley propuesta por el Partido Popular. De hecho, sólo aquellos puertos donde Coordinadora tiene mayoría sindical han transformado en APIE las sociedades de estiba. El resto ha mantenido su carácter estatal.

Según explicaría en su momento el sindicato dirigido por Julián García González hasta 2005 —hoy miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona― la creación de las APIE permitía la autonomía de sindicatos y patronal a la hora de llegar a acuerdos, y con ello supuestamente se evitaba que el gobierno interfiriera en éstos. De otra manera y con otros argumentos, también defendió firmemente la transformación de las sociedades de estiba de estatales a privadas la patronal ANESCO, presidida por Xavier Vidal, representante de la multinacional Hutchinson (de capital chino) y gestor de Terminal Catalunya (TERCAT).

La denuncia que actualmente se estudia en Bruselas y de la que aún no se conoce el denunciante según el diario El Vigía, cuestiona la legalidad de las APIE, probablemente por el monopolio o el riesgo de monopolio de determinadas empresas en la contratación y la gestión de personal en los puertos. Eso, lógicamente, pone en el objetivo la posición dominante que actualmente mantienen las empresas asociadas a ANESCO en algunos lugares.

Sea como sea, en menos de un año han comenzado a verse los efectos sociales y laborales de la privatización, que no se refleja solamente en las APIE. En el caso de Barcelona, un hecho significativo fue la entrada de la ETT Adecco en un espacio como el puerto, donde hasta entonces el trabajo temporal era residual. Esta entrada, por cierto, fue rechazada en primera instancia por los trabajadores, pero fue aprobada posteriormente, después de que sectores cercanos a la patronal forzaran una segunda asamblea. Eso no ha afectado a la carga de trabajo de los estibadores ni a sus salarios y por eso ha pasado desapercibido. Mientras los tiempos han estado marcados por el crecimiento económico y productivo, la posición de desventaja en la que quedaban los portuarios por las reformas legales o la introducción de las empresas gestoras de precariedad, no se ha hecho notar. Privado o estatal daba igual ya que se mantenía un aceptable nivel de trabajo e ingresos para todos.

Pero la crisis actual y la disminución de las tareas portuarias, comienza a hacer patentes las consecuencias de la privatización. Mientras en los 24 puertos en los que el trabajo en la estiba es de dependencia estatal todavía no se ha presentado ni un sólo ERE, en los puertos donde la estiba es gestionada por las APIE ya son 5 los posibles expedientes de despido que se han comenzado a negociar. En Barcelona ya se habla de un ERE que afectará a los 1.200 estibadores que se emplean en el puerto, y que en principio puede tomar la forma de un «paro rotatorio». Se ha abierto, en cualquier caso, una puerta que en otros puertos aún permanece cerrada. Al respecto, la respuesta de Coordinadora de boca de su portavoz, Albert Gil, ha sido que para garantizar los empleos están dispuestos «a arrimar el hombro, incluso a nivel salarial». Pocos entre los portuarios podían pensar hasta hace pocos meses que, de alguna manera, tendrían que pagar o renunciar a derechos salariales por mantener su empleo.

Lo que las APIE están liquidando, entre otras cosas, es la protección frente al despido del que disfrutaban hasta ahora los trabajadores portuarios, y que es una excepción dentro del actual marco de relaciones laborales. Hoy, pese a que la ley especifica que los estibadores «continuarán integrados, con los mismos derechos y obligaciones a la transformación [en APIE]», lo cierto es que el despido se ha convertido, por vez primera, en un riesgo real entre los portuarios.

Publicat en el Masala