La trama corrupta de Ciutat Vella

XABIER BARRENA / J. G. ALBALAT
BARCELONA

Entre las personas que aparecen en la causa se hallan consejeros de distrito de varios partidos

La trama de corrupción de Ciutat Vella, encabezada por el funcionario municipal Heliodoro Lozano, presuntamente cobró por agilizar la tramitación de un mínimo de 82 licencias de actividad para pisos turísticos, restaurantes y hoteles, según las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. Sin embargo, la titular de este órgano judicial, la magistrada Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción están investigando otros expedientes administrativos. Por ahora, han declarado como imputados ante los Mossos, que se encargan de las pesquisas, 25 empresarios y propietarios de viviendas turísticas o de locales de restauración en el centro de Barcelona. Entre las firmas implicadas se hallan desde sociedades constituidas por particulares para la gestión de los pisos hasta algunas de renombre en el sector turístico.

En las diligencias judiciales aparecen como principales imputados el funcionario municipal Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos en Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barrios, el ingeniero industrial Joaquim Quílez y la que fuera asesora jurídica del Ayuntamiento de Barcelona Elena Ariza. Están imputados por una serie de supuestos cohechos (soborno a funcionarios) y Quílez por las presuntas amenazas de las que fue víctima la que fuera concejala del distrito Itziar González.

Un documento hallado de forma casual en el registro del despacho de Quílez (también implicado en el caso Saratoga) es la primera pista importante incluida en el proceso judicial. Es una hoja manuscrita con un listado de direcciones, nombres propios y locales, y ,al lado, cifras en euros que podrían corresponder a deudas o pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias. Al lado de dos direcciones se especifica una cantidad de dinero y, entre paréntesis, otra con el nombre de «Helio». Los investigadores sospechan que es el reparto de una suma de dinero percibida.

CONVERSACIONES / A raíz de las conversaciones de Quílez, que tenía pinchado el teléfono, se llega a la conclusión de que ese tal Helio es Heliodoro Lozano, un funcionario municipal. Los investigadores corroboraron que el ingeniero industrial contactaba con diferentes titulares de apartamentos turísticos y hoteles y se ofrecía a agilizar la tramitación de licencias o evitar inspecciones a cambio de dinero. En algunas de estas conversaciones se hace referencia a varios consejeros de distrito de diferentes partidos políticos. El propietario de una pensión le dijo a Quílez que había pagado 70.000 euros. A Lozano también le intervinieron el teléfono.

Las primeras pesquisas llevaron a la identificación de diferentes apartamentos turísticos y la jueza reclamó al Ayuntamiento de Barcelona los respectivos expedientes. A la vez, los Mossos empezaron a tomar declaración a diferentes propietarios. La madeja empezó a desliarse. Los peritos entregaron los primeros informes y se realizaron entradas y registros en el domicilio del empresario Simón L. N. C. (también fue detenido), en una pensión, y en las viviendas de Lozano en Barcelona y Ventalló. En el ordenador personal del funcionario se descubrió un listado con expedientes de licencias y de empresas. Quílez, según su primera declaración judicial, admitió que pagó a Lozano para agilizar cada expediente entre 3.000 y 5.000 euros. Posteriormente, el 18 de enero pasado, se ratificó y explicó con más detalle cuándo inició su relación con Lozano, que fue encarcelado el 16 de diciembre del 2009 y liberado el pasado 13 de junio.

Los investigadores fueron cerrado el círculo y por los mensajes del móvil del funcionario descubrieron que trnía una «relación laboral y personal» con Ariza, de los servicios jurídicos municipales, ahora suspendida de funciones. La jueza ordenó que se rastrearan sus cuentas.

SOSPECHAS / Los informes de los peritos detectaron una serie de anomalías en algunos expedientes y pusieron en duda la veracidad de determinados certificados del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (Reat). De ahí, que la jueza solicitara a la Direcció General de Turisme de la Generalitat datos sobre algunos expedientes.

La Generalitat remitió los expedientes requeridos que encontró. La magistrada los trasladó a un perito nombrado para su examen y a los Mossos, que comenzaron a tomar declaración como imputados a 25 propietarios de apartamentos turísticos, de restaurantes y de un pequeño hotel de Ciutat Vella. Fuentes judiciales explicaron ayer a este diario que todavía está pendiente la entrega en el juzgado de un informe pericial, aunque precisaron que no se descarta que la investigación sea ampliada en un futuro.

article publicat en el diari el Periódico