- HELENA LÓPEZ
Sentado en su destartalado salón con unas envidiables vistas de la Barceloneta, Jordi Iborra ríe por no llorar. Poco podía imaginar en el 2003, cuando adquirió la vieja finca de la calle de Pontevedra, 56 para rehabilitarla por completo y abrir un restaurante, que siete años después el imponente edificio seguiría en estado semirruinoso y él seguiría sin su anhelado negocio y con una descomunal hipoteca. Todo por los caprichos de la línea que marca la zona marítimo-terrestre (ZMT) y por un cúmulo de despropósitos. Y es que, tres años después de la firma del convenio entre Estado y ayuntamiento para que la ciudad recupere los terrenos afectados por la ZMT, Hacienda aún no los ha desafectado.
Vecino de la Barceloneta de cuarta generación tanto por parte de padre como de madre –como no se cansa de recordar–, Iborra compró la finca de la discordia en el 2003, después de que los técnicos del distrito de Ciutat Vella le certificaran que podría construir un edificio plurifamiliar de planta baja más cuatro plantas y «libre de cualquier afectación». Ni una sola palabra sobre la famosa ZMT por la que estaba afectada el edificio, y que tantos dolores de cabeza le ha provocado.
Es decir, la finca se encontraba en terrenos de carácter público bajo control del Estado, en los que no se puede construir, por lo que, pese al previo certificado municipal, a Iborra le denegaron la licencia para construir el restaurante. Local para el que ya tenía proyecto arquitectónico que, ironías de la vida, fue seleccionado por el exarquitecto municipal, Josep Antoni Acebillo, para representar los planes de futuro de Ciutat Vella en la exposición del Fòrum 2004 Barcelona in progress (los planos están publicados en el catálogo de la exposición, junto a los del mercado de Santa Caterina).
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