LA VANGUARDIA, 17/04/2009
El pasado 19 de marzo, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, firmaba el decreto que fija las bases de un nuevo modelo de gestión territorial (el llamado plan Barcelona 2.0) y que crea la figura del técnico de barrio. A estos nuevos representantes de la administración de proximidad -65 para los 73 barrios en los que se divide la ciudad- se les encomiendan misiones como "la interlocución con el tejido asociativo", "la promoción territorial de actividades y programas municipales", "la dinamización e impulso de la participación en los barrios" y "la detección de incidencias y evaluación de los planes, proyectos y servicios municipales en el barrio".. El 20 de marzo, justo el día después de la publicación de esa medida de gobierno, el primere teniente de alcalde, Carles Martí, actuando en condición de primer secretario de la federación socialista de Barcelona, anunciaba a la prensa el propósito del PSC de reforzar la estructura territorial del partido con 73 responsables de barrio. Su objetivo, "conseguir entre 10 y 20 afiliados activos en cada uno de los barrios que puedan actuar como referentes de proximidad".
La presencia en los barrios las 24 horas del día, los 365 días del año, como denominador común de la institución local y del partido que gobierna Barcelona desde hace 30 años. Curiosa coincidencia que despierta no pocos recelos y que hace presagiar un recibimiento caluroso a los técnicos de barrio, unas nuevas piezas de la gestión municipal que, incluso antes de tener identidad y de empezar a patrullar el territorio, ya son conocidos en el argot de la Casa Gran como alguaciles, sheriffs y, en el caso de los más malpensados, comisarios políticos.
El Ayuntamiento de Barcelona deberá demostrar en los próximos meses que su último invento para modernizar la administración puede tener más efectos positivos que el de contribuir modestamente a reducir la preocupante tasa de paro en la ciudad. Desplegar las antenas en los barrios, estar atento a lo que sucede en la calle para reaccionar antes de que un problema se enquiste y el conflicto estalle es una virtud del buen gobernante. En cambio, poner la maquinaria institucional al servicio de unas siglas es, además de algo poco ético, una tentación muy fuerte, de la que ni un solo partido político ha conseguido librarse por completo hasta la fecha.
"Que no nos vendan la moto -proclama en un comunicado la sección de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento-, el 2.0 sólo favorece a los mandos, y provocará mucha gente mandando y poca trabajando". El PSC y el alcalde Hereu a la cabeza tienen ahora una magnífica oportunidad para enterrar viejos y comunes vicios y para desactivar, hechos mediante, las dudas razonables que abrigan los sindicatos, la oposición municipal y las asociaciones de vecinos, que temen un incremento del gasto público y de la burocracia municipal.
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