LA MORDIDA MUNICIPAL

LA VANGUARDIA, 09/11/2009 POR ENRIC SIERRA

Son muchas las voces que piden reformas a raíz de la profunda crisis abierta por los recientes casos de corrupción en el ámbito civil y político. Una de las peticiones que suenan con más insistencia es que los ayuntamientos pierdan poder urbanístico y que se creen nuevos y mejores sistemas de control supramunicipal. Como si los gobiernos superiores al local estuvieran libre de culpa y fueran infalibles e incorruptos. Este planteamiento sería un error garrafal, histórico y de graves consecuencias para los ciudadanos porque serían quienes, como siempre, acabarían pagando el pato de una situación que ellos no han provocado ya que cualquier tramitación sería más costosa y larga en el tiempo. Además, se seguirían criterios marcianos nada acordes con las necesidades del territorio.

Los ayuntamientos son los grandes olvidados en la escala administrativa, a pesar de ser los más próximos para los ciudadanos y donde acudimos en primer lugar siempre que tenemos problemas. En cambio, son los que salen peor parados en el reparto del botín de los impuestos que pagamos. Por eso, cualquier posibilidad de crecimiento se ha hecho hasta hoy basándose en la especulación urbanística. Barcelona y la operación de los Juegos Olímpicos fue un ejemplo. Sin aquella cita que sirvió de excusa para reformar la ciudad, Barcelona hoy no sería la misma. Siguiendo ese aplaudido precedente y aprovechando el boom inmobiliario, la mayoría de los ayuntamientos se lanzaron a la búsqueda de promotores dispuestos a pagar mordidas legales en forma de obras y equipamientos públicos para uso y disfrute de sus ciudadanos a cambio de permitir la construcción, a veces salvaje, de viviendas que se vendían y revendían a precio de oro.

Pero ya se sabe que en una negociación con promotores y cuando se habla de mordidas, aunque sean legales, se pisa un territorio pantanoso y se abren caminos inescrutables, como se ha visto ahora. Toda esta manera de proceder no se cambia retirando a los municipios su capacidad de decidir cómo quieren administrar su territorio, sino dándoles los recursos necesarios para poder funcionar y evolucionar con dignidad y garantías de futuro sin necesidad de ser expertos en el póquer.

¿Qué se propone ahora? ¿Llevar a los promotores urbanísticos a otros despachos de mayores administraciones a seguir negociando las mismas mordidas y cayendo en los mismos vicios? ¿A qué intereses respondería ese nuevo nivel de trueque? No ganaríamos nada y empeoraría la mayor autonomía que deberían tener los ayuntamientos.

Si bien es cierto que hay políticas que deben ser comunes, cada pueblo y vecindario sabe mejor que nadie cuáles son sus prioridades. Sólo hay que apoyarlos económicamente para que no caigan en la tentación de la trampa y el trapicheo, que, por muy legal que sea, son feos.

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