La trama corrupta de Ciutat Vella

XABIER BARRENA / J. G. ALBALAT
BARCELONA

Entre las personas que aparecen en la causa se hallan consejeros de distrito de varios partidos

La trama de corrupción de Ciutat Vella, encabezada por el funcionario municipal Heliodoro Lozano, presuntamente cobró por agilizar la tramitación de un mínimo de 82 licencias de actividad para pisos turísticos, restaurantes y hoteles, según las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. Sin embargo, la titular de este órgano judicial, la magistrada Elisabet Castelló, y la Fiscalía Anticorrupción están investigando otros expedientes administrativos. Por ahora, han declarado como imputados ante los Mossos, que se encargan de las pesquisas, 25 empresarios y propietarios de viviendas turísticas o de locales de restauración en el centro de Barcelona. Entre las firmas implicadas se hallan desde sociedades constituidas por particulares para la gestión de los pisos hasta algunas de renombre en el sector turístico.

En las diligencias judiciales aparecen como principales imputados el funcionario municipal Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue jefe de servicios técnicos en Ciutat Vella y luego fue trasladado a Nou Barrios, el ingeniero industrial Joaquim Quílez y la que fuera asesora jurídica del Ayuntamiento de Barcelona Elena Ariza. Están imputados por una serie de supuestos cohechos (soborno a funcionarios) y Quílez por las presuntas amenazas de las que fue víctima la que fuera concejala del distrito Itziar González.

Un documento hallado de forma casual en el registro del despacho de Quílez (también implicado en el caso Saratoga) es la primera pista importante incluida en el proceso judicial. Es una hoja manuscrita con un listado de direcciones, nombres propios y locales, y ,al lado, cifras en euros que podrían corresponder a deudas o pagos que debían hacer los clientes al ingeniero con motivo de obras o licencias. Al lado de dos direcciones se especifica una cantidad de dinero y, entre paréntesis, otra con el nombre de «Helio». Los investigadores sospechan que es el reparto de una suma de dinero percibida.

CONVERSACIONES / A raíz de las conversaciones de Quílez, que tenía pinchado el teléfono, se llega a la conclusión de que ese tal Helio es Heliodoro Lozano, un funcionario municipal. Los investigadores corroboraron que el ingeniero industrial contactaba con diferentes titulares de apartamentos turísticos y hoteles y se ofrecía a agilizar la tramitación de licencias o evitar inspecciones a cambio de dinero. En algunas de estas conversaciones se hace referencia a varios consejeros de distrito de diferentes partidos políticos. El propietario de una pensión le dijo a Quílez que había pagado 70.000 euros. A Lozano también le intervinieron el teléfono.

Las primeras pesquisas llevaron a la identificación de diferentes apartamentos turísticos y la jueza reclamó al Ayuntamiento de Barcelona los respectivos expedientes. A la vez, los Mossos empezaron a tomar declaración a diferentes propietarios. La madeja empezó a desliarse. Los peritos entregaron los primeros informes y se realizaron entradas y registros en el domicilio del empresario Simón L. N. C. (también fue detenido), en una pensión, y en las viviendas de Lozano en Barcelona y Ventalló. En el ordenador personal del funcionario se descubrió un listado con expedientes de licencias y de empresas. Quílez, según su primera declaración judicial, admitió que pagó a Lozano para agilizar cada expediente entre 3.000 y 5.000 euros. Posteriormente, el 18 de enero pasado, se ratificó y explicó con más detalle cuándo inició su relación con Lozano, que fue encarcelado el 16 de diciembre del 2009 y liberado el pasado 13 de junio.

Los investigadores fueron cerrado el círculo y por los mensajes del móvil del funcionario descubrieron que trnía una «relación laboral y personal» con Ariza, de los servicios jurídicos municipales, ahora suspendida de funciones. La jueza ordenó que se rastrearan sus cuentas.

SOSPECHAS / Los informes de los peritos detectaron una serie de anomalías en algunos expedientes y pusieron en duda la veracidad de determinados certificados del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (Reat). De ahí, que la jueza solicitara a la Direcció General de Turisme de la Generalitat datos sobre algunos expedientes.

La Generalitat remitió los expedientes requeridos que encontró. La magistrada los trasladó a un perito nombrado para su examen y a los Mossos, que comenzaron a tomar declaración como imputados a 25 propietarios de apartamentos turísticos, de restaurantes y de un pequeño hotel de Ciutat Vella. Fuentes judiciales explicaron ayer a este diario que todavía está pendiente la entrega en el juzgado de un informe pericial, aunque precisaron que no se descarta que la investigación sea ampliada en un futuro.

article publicat en el diari el Periódico

Cooperativa Popular El Siglo XX (que cara que les hechan algunos)

www.btvnoticies.cat

ACTA DE L'ASSEMBLEA DEL 29 DE JUNY

Reunits en les Cotxeres de Sants uns 400 treballadors al costat d'estudiants, pensionistes, desocupats, etc... per a buscar punts en comú que ens permetin posar en pràctica, a nivell de Barcelona, mesures de resistència contra els atacs de la banca i la patronal que estem sofrint la classe treballadora, VAM CONSENSUAR QUE:
● Les mesures d' “ajustament”, la reforma laboral, i la propera reforma de les pensions imposades pel govern de Zapatero són el més gran atac, des del franquisme als drets dels treballadors, pensionistes i altres sectors populars. Mesures que deixen molt clar que el Govern, seguint el guió del FMI, i de la Unió Europea, està decidit que el pes de la “seva” crisi caigui exclusivament sobre les nostres esquenes.
Entre aquestes mesures destaquen:
- Retallades i congelació de salaris i pensions.
- Retallades de despeses socials (llei de dependència, xec-nadó. etc.)
- Pujada d'impostos i tarifes (IVA, gas, etc.)
- Reforma laboral que ataca el pilar dels nostres drets: la negociació col·lectiva. Les empreses podran incomplir condicions pactades en els convenis sense pactar-les amb els treballadors.
Acomiadar treballadors és més fàcil i barat, ja que es redueixen les indemnitzacions i a més a més, es subvencionen els acomiadaments amb fons públics.
● Davant d’aquest panorama, resulta escandalosa l’actuació de les cúpules de CCOO i UGT, que després d'haver donat suport a Zapatero durant tots aquests anys, ara es mostren incapaços de plantar-li cara. En lloc de convocar una vaga general per a tirar endarrera les mesures, deixen que aquestes s'aprovin, i ens parlen d'una hipotètica “vaga general” per a finals de setembre.
Els assistents a l'Assemblea de Sants vam acordar seguir treballant per una vaga general que tingui continuïtat en un pla de lluita i mobilització per a enderrocar la reforma laboral, el pla d'ajustament i la reforma de les pensions. Plantegem una lluita ofensiva pel repartiment del treball i de la riquesa perquè la crisi que la paguin els que la van provocar, la banca, els especuladors i les grans empreses.
Els participants d'aquesta assemblea ACORDEM
► Ens dirigim als treballadors, desocupats, estudiants, pensionistes, etc... per a dir-los que no ens hem de resignar a perdre els nostres drets sense més, que el camí és la lluita.
► Animar la constitució de comitès/assemblees de centres de treball, barris i poblacions per a treballar de manera unitària contra les mesures que ens volen imposar.
► Convocar una segona ASSEMBLEA DE BARCELONA per al 15 de setembre on s'aprovarà, a nivell de Barcelona (comarques) un pla de lluita i mobilització.

CONTACTE : comiteconveni@gmail.com

CUANDO EL BANCO SE QUEDA LA CASA Y LA DEUDA SIGUE VIVA

LA VANGUARDIA, 18/12/2009

(POR JAUME V. AROCA)

Uno de los problemas más angustiantes que han de resolver muchas familias cuando han perdido sus empleos es cómo hacer frente al pago de la vivienda. Muchas personas, explican en Càritas, tratan de salvar su patrimonio dedicando la integridad de sus limitados ingresos al pago de las mensualidades mientras buscan apoyo para conseguir alimentos, bien en la red pública o en las redes privadas que prestan ayuda.

Pero es una situación que a la larga resulta insostenible y cuando llegan a este punto proponen al banco la entrega de la vivienda. Lo que ocurre es que mientras en otros países, por ejemplo Estados Unidos, la devolución de la propiedad liquida definitivamente la deuda, en España, no sucede así.

Los cuatro abogados voluntarios que colaboran con la asesoría jurídica de Càritas llevan tiempo viendo casos como estos. Cada vez más, explica Alicia Pujol, una empleada del bufete Amat que dedica algunas horas laborales de la semana a colaborar en este servicio.

"El primer paso que exigen los bancos para devolver la vivienda es una nueva tasación que, por norma general, viene a costar no menos de 3000 euros. Es absurdo cuando uno no tiene ni para pagar la hipoteca". En cualquier caso, esa nueva tasación tiene generalmente como resultado una reducción del precio del inmueble, de modo que el banco, que ha dado la hipoteca por un valor muy superior, se queda con la vivienda pero le exige al deudor que liquide la diferencia más todos los intereses de la hipoteca. "Lógicamente, nadie acepta este trato", explica Alicia Pujol.

A los extranjeros les queda la opción de desaparecer del país. Sin embargo, esa vía entraña sus riesgos porque la compra de deuda es hoy un negocio global y, por lo tanto, puede ocurrir que, de regreso a sus países, alguien llegue a su puerta para cobrar lo que dejaron sin pagar en España.

A los residentes no les queda más que apretar los dientes y aguantar. Llegados a este punto se plantean alquilar las habitaciones del piso para que ayuden a pagar la hipoteca. "Pero ahí empiezan otros problemas mucho peores -explica Alicia- porque hay gente que ha metido dentro de su casa y en sus vidas a verdaderos enemigos, gente que no paga, o se comporta mal y contra los que la policía no puede actuar si no es con una orden judicial". Lo que parecía un remedio se convierte en una pesadilla. "Este problema es cada vez más común", explica Alicia.

El director de Càritas se preguntaba ayer: "Hemos rescatado a los bancos, ¿pero quién rescata a los clientes?".

Article aportat per VEI

Cartells contra els robatoris als carrers de la Barceloneta

Compte: aquí roben! Un grup de veïns de la Barceloneta que s'han organitzat de manera espontània han començat a penjar des d'ahir cartells amb aquest missatge als llocs que consideren més perillosos. Els avisos ja estan exposats en vitrines, pals i arbres per advertir veïns i turistes de la presència de carteristes i lladres.

El cartell, en cinc idiomes, és una resposta veïnal davant la falta de vigilància al barri i l'augment exponencial dels furts i robatoris durant les últimes setmanes, segons denuncien els veïns. Mig centenar de residents al barri es van reunir dimecres a la nit a la plaça de la Barceloneta per debatre accions que millorin la situació d'inseguretat i incivisme que pateix la Barceloneta durant els mesos d'estiu.

TAMBÉ PANCARTES / En la reunió, els veïns van decidir estendre la instal·lació dels avisos (realitzats en una impressora casolana) i començar a elaborar pancartes de protesta, a l'estil del Poble-sec i el Raval, que reclamen «un barri digne». Els assistents van denunciar que els robatoris que en anys anteriors afectaven principalment els turistes s'han estès a la resta de veïns. «La degradació és absolutament insostenible i ens hem hagut de posar d'acord un grup de veïns perquè les dues associacions del barri no treballen per resoldre els problemes», va dir un dels assistents.

ORINANT A L'ESGLÉSIA / En la reunió també es va aprovar fer una campanya de boicot a les botigues de queviures que tanquen després de la mitjanit i que subministren alcohol als joves que van a la platja cada nit a fer botellón. Molts dels assistents van declarar que no han comprat mai en aquest tipus de negocis, que són percebuts com una amenaça al comerç tradicional.

La reunió va acabar poc després que un home es disposés a orinar davant de la porta de l'església, a escassos metres dels veïns. Els assistents van increpar l'incívic, que es va retirar ràpidament. «Això és el que necessitem: que ens unim per eliminar aquesta xusma», va dir un dels organitzadors. El grup treballa per crear una plataforma i organitzar protestes al carrer per demanar que hi hagi més vigilància.

Publicat en el diari El Periódico

LA “OKUPACIÓN”

LA VANGUARDIA, 02/06/2010

HOLANDA VETA

EL ANTIGUO PARAÍSO DE LA CONTRACULTURA DECIDE ILEGALIZAR Y CASTIGAR CON HASTA 32 MESES DE CÁRCEL LA OCUPACIÓN DE INMUEBLES VACÍOS

(POR BEATRIZ NAVARRO, BRUSELAS)

Holanda está decidida a que la mención de su país sólo evoque en la mente del turista imágenes tan plácidas como tulipanes, quesos gouda y molinos de viento, y ayer dio un paso más para erradicar de su paisaje una seña de identidad cada vez más incómoda para muchos: la okupación de inmuebles vacíos, un movimiento que ha sido tolerado durante décadas y que contribuyó a que el país fuera un paraíso de la contracultura en los setenta.

El giro se consumó ayer al aprobar el Senado la ley que ilegaliza esta actividad y la castiga con penas de hasta un año de cárcel. Si la okupación se hace en grupo y por medios violentos, la pena puede elevarse a 32 meses. El voto se produjo a ocho días de las elecciones generales, que no afectan a esta cámara, regional y renovada de forma indirecta.

Aunque la versión inicial de la propuesta limitaba el castigo a un máximo de doce meses en prisión, el endurecimiento fue necesario para lograr votos suficientes. Con todos los partidos de izquierdas en contra de la iniciativa, el bloque conservador y liberal tuvo que pactar con el partido anti-islam PVV de Geert Wilders para sacarla adelante. El partido calvinista Christen Unie dudó en apoyar la ley por compasión con las personas más necesitadas, pero finalmente votó a favor. La ley entrará en vigor en octubre.

En un país con problemas de vivienda, se pretende también incentivar el uso legal de los edificios al dar más facilidades a las autoridades para hacerse cargo de aquellos que estén mucho tiempo desocupados. La obligación preocupa a algunos ayuntamientos por al carga que puede suponer responsabilizarse de su conservación. Ámsterdam, Rótterdam, La Haya y Utrecht, las cuatro grandes ciudades del país, se habían resistido a ilegalizar la okupación, al considerar que cumple una función social.

Quienes la practiquen a partir de ahora sí podrán ser llamados transgresores… Su estatus actual es único en Europa: la okupación de una propiedad es legal si el inmueble ha estado vacío durante más de un año, el interesado se registra en la policía local y no daña la propiedad. Sin embargo, una parte cada vez más amplia de la sociedad holandesa considera que el movimiento ha dejado de responder a objetivos sociales.

Es incierto el número de okupas a los que afecta directamente la prohibición. En los años de esplendor del movimiento, los 1980’s, se calcula que había unos 20.000 en todo el país, pero la cifra se ha reducido drásticamente en los últimos años, en que los desalojos han sido habituales. Una investigación de la Universidad Libre de Ámsterdam calcula que hay unos 1.500 en la ciudad.

Decenas de krakers, como se conoce a los okupas en Holanda, respondieron ayer haciéndose con nuevos edificios en ciudades como Breda, Tilburg y La Haya. “Con o sin ilegalización, la okupación continúa”, replicaron. Esta ruptura con la tradición holandesa de tolerancia hacia el fenómeno se suma a la creciente presión legal contra la actividad de los coffeeshops, bares donde el consumo de cannabis es legal.

Article aportat per VEI

La trama corrupta de Ciutat Vella va agilitzar un mínim de 82 llicències

XABIER BARRENA / J. G. ALBALATBARCELONA

La trama de corrupció de Ciutat Vella, encapçalada pel funcionari municipal Heliodoro Lozano, presumptament va cobrar per agilitzar la tramitació d'un mínim de 82 llicències d'activitat per a pisos turístics, restaurants i hotels, segons les diligències obertes al Jutjat d'Instrucció número 33 de Barcelona. No obstant, la titular d'aquest òrgan judicial, la magistrada Elisabet Castelló, i la Fiscalia Anticorrupció estan investigant altres expedients administratius. Per ara, han declarat com a imputats davant dels Mossos, que s'encarreguen de les indagacions, 25 empresaris i propietaris de vivendes turístiques o de locals de restauració situats al centre de Barcelona. Entre les firmes implicades hi ha des de societats constituïdes per particulars per a la gestió dels pisos fins a algunes de renom dintre del sector turístic.
En les diligències judicials hi apareixen com a principals imputats el funcionari municipal Heliodoro Lozano, que durant vuit anys va ser cap de serveis tècnics a Ciutat Vella i després va ser traslladat a Nou Barris, l'enginyer industrial Joaquim Quílez i la que va ser assessora jurídica de l'Ajuntament de Barcelona Elena Ariza. Estan imputats per una sèrie de presumptes suborns (suborn a funcionaris) i Quílez per les presumptes amenaces de les quals va ser víctima la que va ser regidora del districte Itziar González.
Un document trobat de forma casual en el registre del despatx de Quílez (també implicat en el cas Saratoga) és la primera pista important inclosa en el procés judicial. És un full manuscrit amb un llistat d'adreces, noms propis i locals, i, al costat, xifres en euros que podrien correspondre a deutes o pagaments que havien de fer els clients a l'enginyer amb motiu d'obres o llicències. Al costat de dues adreces s'especifica una quantitat de diners i, entre parèntesis, una altra amb el nom d'«Helio». Els investigadors sospiten que és el repartiment d'una suma de diners percebuda.
CONVERSES / Arran de les converses de Quílez, que tenia punxat el telèfon, s'arriba a la conclusió que aquest tal Helio és Heliodoro Lozano, un funcionari municipal. Els investigadors van corroborar que l'enginyer industrial contactava amb diferents titulars d'apartaments turístics i hotels i s'oferia a agilitzar la tramitació de llicències o evitar inspeccions a canvi de diners. En algunes d'aquestes converses es fa referència a diversos consellers de districte de diferents partits polítics. El propietari d'una pensió va dir a Quílez que havia pagat 70.000 euros. A Lozano també li van intervenir el telèfon.
Les primeres indagacions van portar a la identificació de diferents apartaments turístics i la jutge va reclamar a l'Ajuntament de Barcelona els expedients respectius. Al mateix temps, els Mossos van començar a prendre declaració a diferents propietaris. La troca va començar a desembolicar-se. Els pèrits van entregar els primers informes i es van realitzar entrades i registres al domicili de l'empresari Simón L. N. C. (també va ser detingut), en una pensió, i a les vivendes de Lozano a Barcelona i Ventalló. A l'ordinador personal del funcionari es va descobrir un llistat amb expedients de llicències i d'empreses. Quílez, segons la seva primera declaració judicial, va admetre que va pagar a Lozano per agilitzar cada expedient entre 3.000 i 5.000 euros. Posteriorment, el 18 de gener passat, es va ratificar i va explicar amb més detall quan va iniciar la seva relació amb Lozano, que va ser empresonat el 16 de desembre del 2009 i alliberat el 13 de juny passat.
Els investigadors van anar tancat el cercle i pels missatges del mòbil del funcionari van descobrir que tenia una «relació laboral i personal» amb Ariza, dels serveis jurídics municipals, ara suspesa de funcions. La jutge va ordenar que es rastregessin els seus comptes.
SOSPITES / Els informes dels pèrits van detectar una sèrie d'anomalies en alguns expedients i van posar en dubte la veracitat de determinats certificats del Registre d'Empreses i Activitats Turístiques (Reat). per aquest motiu, la jutge va sol·licitar a la Direcció General de Turisme de la Generalitat dades sobre alguns expedients.
La Generalitat va remetre els expedients requerits que va trobar. La magistrada els va traslladar a un pèrit nomenat perquè els examinés i també als Mossos, que van començar a prendre declaració com a imputats a 25 propietaris d'apartaments turístics, de restaurants i també d'un petit hotel de Ciutat Vella. Fonts judicials van explicar ahir a aquest diari que encara està pendent l'entrega al jutjat d'un informe pericial, tot i que van precisar que no es descarta que aquesta investigació sigui ampliada en un futur.

Article publicat en el Periódico